La FLIP expresa su preocupación por la quema de la chalupa del periodista David Torres, director del periódico El Original en el municipio de Simití, Bolívar, ocurrida en la madrugada del pasado 6 de noviembre. La Fundación solicita a las autoridades que investiguen los hechos y sancionen a los responsables. 

Torres le manifestó a la FLIP que la embarcación permanecía cerca a su vivienda y era utilizada para hacer cubrimiento noticioso y distribuir el periódico en los municipios cercanos a Simití.  Además, asegura que días antes de las votaciones regionales varias personas cercanas le habían advertido que por las denuncias que estaba haciendo desconocidos le podían quemar su medio de transporte. Ante esta situación el periodista trasladó la embarcación hacia otro municipio y la llevó de regreso a su casa el dos de noviembre.

El periodista manifiesta que el ataque podría estar relacionado con el cubrimiento que hizo del proceso electoral y de las denuncias sobre irregularidades electorales que involucran a candidatos de los municipios de Simití y San Pablo, además de las denuncias que ha hechos sobre posibles actos de corrupción en la administración del municipio de Cantagallo.  

La FLIP expresa su preocupación por estos graves hechos que limitan el desarrollo de la labor periodística de David Torres y ponen en riesgo su seguridad. En este sentido, la Fundación le solicita a la Unidad Nacional de Protección que evalúe el riesgo del periodista e implemente las medidas necesarias para salvaguardar su vida y su integridad. Además, le hace un llamado a la Defensoría del Pueblo para que monitoree esta situación y emprenda las acciones necesarias para respaldar la labor periodística del reportero. 

La FLIP también exige a la Fiscalía General de la Nación que investigue estos hechos con el fin de llevar a los responsables ante la justicia. Las sanciones judiciales en este tipo de situaciones son un precedente importante que contribuye a disuadir la ocurrencia de nuevas violencias contra la prensa. Así lo ha dispuesto la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe sobre Violencia contra periodistas y trabajadores de Medios: “Para prevenir la violencia contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación es indispensable que el ordenamiento jurídico sancione estas conductas de manera proporcional al daño cometido”.