Por: David Torres, Periodista en Zona de Alto Riesgo.

Lluvia de críticas ha recibido el Representante a la Cámara por la curul de Circuncisión Especial de Víctimas del Conflicto Armado del sur de Bolívar, Juan Carlos Vargas Soler, después que se conociera que ganó con facilidad, el concurso de su “empresa” FINANCIERA COAGROSUR, de cinco becas expuestas; tres fueran para él: su esposa, Martha Milena Camacho Osma, gerente del Hospital Local Manuel Elkin Patarroyo de Santa Rosa del sur, Bolívar, su hermana, Leydy Johana Vargas Soler y en el último reglón de los ganadores aparece su nombre, Juan Carlos Vargas Soler.

La población del sur de Bolívar, está indignada y no sale del asombro de conocer un acto indecoroso del “Honorable Congresista” Vargas Soler; aunque ha reincidido en varias ocasiones; parece ser que le gusta más la mermelada política, que trabajar por los proyectos de Ley, por los que fue elegido; donde favorezcan a las comunidad del Magdalena Medio, azotadas por los violentos en los poblados de la serranías de San Luca; que inclusive, familias, tienen que soportar la inclemencia de la guerra, en el corazón del conflicto armado.

Muchos han cuestionado su elección, ya que es un señor “burgués”, que no ha dejado de ostentar buenos trabajos, como ser gerente de la FINANCIERA COAGROSUR, que le sirvió de plataforma presuntamente para ganar con facilidad la curul de Congresista.

Colombia es un país con leyes que favorecen a los oportunistas y desfavorecen a los líderes que, en verdad, han vivido el día a día del conflicto armado y sus efectos, Juan Carlos Vargas, es un simple hombre financiero.

Aunque devolvió la beca que ganó de un subsidio educativo, después que la comunidad y las críticas se le vino encima, sobre las becas del fondo para la educación superior pública, FINANCIERA COAGROSUR ICETEX, Primer Semestre Académico 2024, quedo manchado su nombre por la intención de un Congresista que se gana la “bobadita” de 42 millones de pesos mensuales, más viáticos, carro, celular, escolta y sobre todo, recursos por un monto de $60 millones de pesos para el funcionamiento de su Unidad Técnica Legislativa UTL, que no utiliza para realiza sus trabajos investigativos legislativos, con antropólogos, sociólogos, abogados, donde expertos en la materia, le consoliden tan solo un proyecto en los cuatro años que ejercerá de congresista, en que se refleje un proyecto de Ley de los derechos de la población víctima del conflicto armado o un Centro de recepción y atención a las combatientes que psicológicamente se han convertido en máquinas para matar humanos.