Como un problema de seguridad alimentaria calificó el gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, la situación que viven miles de caribeños cada mes cuando llega la factura del servicio de energía, prestado por las empresas Air-E y Afinia.

“Ya esto no es un tema de justicia social. Ya esto trascendió, se volvió un problema de seguridad alimentaria”, afirmó el mandatario bolivarense durante el Encuentro Regional de Justicia Tarifaria, llevado a cabo en el Palacio de la Aduana.

El gobernador fue tajante al afirmar en vez de cobrarle por las conexiones informales al usuario que paga su recibo de la luz, debería subsidiarle el Estado. A esto se refiere como mínimo vital.

En ese sentido, Arana lanzó dos interrogantes al gerente general de EMP, John Maya y al ministro de Minas y Energía, Omar Camacho:

“¿Cuáles son las apuestas que ha hecho la compañía para empezar a cerrar esa posibilidad de que la gente se conecte de manera informal? ¿Cuantos proyectos ha presentado la empresa para que esas inversiones salgan de esos fondos y no se los cobren a los usuarios?

Para el gobernador, es urgente articular a EPM (propietaria de Afinia y Air-E) y al gobierno para cerrar el “hueco” que hace que se incremente la tarifa.

Fondos como PRONE, FAER deben ser la fuente de la cual se pueda apalancar la deuda que incrementa la tarifa.

Con ese mínimo vital, que sale de los fondos de energía, previa gestión de la empresa y el gobierno, se daría la rebaja en la tarifa que tanto esperan los usuarios, aseguró el gobernador.

La lucha de Arana por las tarifas

Yamil Arana Padauí, desde que inició su periodo como mandatario de los bolivarenses, ha sido enfático en señalar de los grandes perjuicios que ha vendido causando la empresa Afinia en Cartagena y Bolívar, por ello uno de sus primeros compromisos fue buscar una salida, bajo un estricto diálogo con la partes intervinientes, en la que no haya ganadores ni perdedores, por lo que se convocó la primera “Cumbre sobre tarifas justas para el Caribe”.

Este primer encuentro se realizó el pasado 26 de enero en el Palacio de la Proclamación, en Cartagena y contó con la presencia de la Procuradora General de la República, Margarita Cabello y el Contralor Nacional, Carlos Mario Zuluaga y gobernadores y alcaldes del Caribe. En esa oportunidad no se presentó ningún representante del Gobierno Nacional.