En Colombia la desaparición de personas no es un hecho del pasado. Por un lado, miles de familias continúan experimentando incertidumbre y angustia al no saber el destino y el paradero de sus seres queridos, a pesar de que la desaparición ocurrió hace varios años o incluso décadas. Por otro lado, en distintas zonas del país se siguen registrando nuevas desapariciones relacionadas con los conflictos armados y la violencia.

Desde la entrada en vigor del Acuerdo de Paz (1 de diciembre de 2016) hasta el 31 de julio de 2024, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) documentó 1.730 casos de desaparición que ocurrieron en el transcurso de esos siete años. Esto quiere decir que al menos cada día y medio en promedio, desaparece una persona en razón de los conflictos armados y la violencia. Esta cifra, aunque evidencia la continuidad de la problemática, no refleja la dimensión del fenómeno, que probablemente es bastante mayor dado el subregistro que existe frente a las desapariciones.

De los casos documentados el 76 % corresponde a civiles, entre los que se encuentran 304 niños, niñas o adolescentes. Así mismo, el 83 % de las personas desaparecidas son hombres, que en su mayoría son buscados por madres, esposas, hijas y hermanas. Estos datos muestran que el fenómeno no afecta a todos por igual ni se distribuye de manera uniforme en el territorio. Pues, si bien las desapariciones se registraron en 28 departamentos, en nueve de ellos se concentró el 90 % de los casos, siendo estos: Arauca, Nariño, Cauca, Chocó, Norte de Santander, Antioquia, Valle del Cauca, Caquetá y Putumayo.

En el contexto de los conflictos armados y la violencia una persona puede ser dada por desaparecida por múltiples razones, por ejemplo, cuando es víctima de desaparición forzada por parte de un actor armado estatal o no estatal, o porque es privada de libertad o reclutada y no se le permite entrar en contacto con sus seres queridos. Otras razones pueden ser que la persona se separó de su familia debido a un desplazamiento o migración; o porque falleció por homicidio, por enfermedad o en un combate, y su familia no tiene información sobre el lugar en donde se encuentra su cuerpo.

Sin embargo, indistintamente de cuál sea el motivo, en el marco del derecho internacional humanitario (DIH) las partes de los conflictos armados tienen la obligación de evitar la desaparición, incluso cuando esta no sea intencional. En este sentido, es fundamental que los actores armados estatales y no estatales eviten prácticas que puedan conducir a la desaparición y a la separación familiar, permitiendo el contacto familiar de las personas privadas de libertad y que regresen con sus seres queridos, gestionando adecuadamente los cuerpos de las personas fallecidas, y entregando en lo posible a las

familias y a las instituciones pertinentes toda la información que tengan y que sea útil para esclarecer el destino y el paradero de las personas desaparecidas.

Actualmente, en Colombia el CICR constituye la única alternativa exclusivamente humanitaria para los casos de desaparición relacionados con los conflictos armados que han ocurrido después de la firma del Acuerdo de Paz. A pesar de que la organización tiene toda la disponibilidad de seguir trabajando para dar respuestas a las familias, considera importante que el Estado colombiano establezca una alternativa exclusivamente humanitaria y extrajudicial para la búsqueda de estas personas. En este sentido, el CICR no encuentra otra opción que la ampliación del mandato temporal de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), que por ahora sólo puede abordar los casos ocurridos hasta el 1 de diciembre de 2016.

La desaparición de personas es una de las consecuencias más dolorosas de los ocho conflictos armados y la violencia que existen en Colombia.  Por eso, en el contexto del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el CICR y la UBPD realizarán de manera conjunta un acto conmemorativo para solidarizarse con los familiares, seres queridos y buscadores de las personas desaparecidas, y para sensibilizar a la sociedad colombiana sobre la necesidad de que cesen las desapariciones en el país.